Organizaciones LGBTIQ+ envían reporte sobre violencia y discriminación al Experto independiente de ONU

Organizaciones LGBTIQ+ envían reporte sobre violencia y discriminación al Experto independiente de ONU

El presente informe ha sido posible gracias a la participación en colectivo de la Fundación Mujer & Mujer y otras organizaciones LGBTIQ+, así como de mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, trans y no binarias independientes y autónomas en Ecuador, cuyas vivencias visibilizan y denuncian la existencia de vulneraciones de Derechos Humanos por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en diferentes ámbitos sociales desde la consideración de una diversidad poblacional, cultural e identitaria en el territorio, así como la disidencia en patrones socio-culturales y sexuales presentes en muchas mujeres. Con el fin de generar información sustancial, respondemos al llamado a insumos hecho por el Experto Independiente para ONU, Víctor Madrigal-Borloz, sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

Aquí puedes acceder al Reporte LGBTIQ+ completo:

Pregunta N° 1:

¿Ha adoptado el Estado medidas de política pública, legislación o acceso a la justicia que incluyan definiciones de género y conceptos conexos (por ejemplo, la teoría del género, los enfoques basados en el género, la perspectiva de género, la incorporación transversal de la perspectiva de género) con el fin de abordar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género?  En caso afirmativo, sírvase dar ejemplos para explicar el contexto, el alcance y la aplicación.

En Ecuador existen más de 85 artículos en la Constitución y en los instrumentos normativos que plantean la no discriminación por orientación sexual y mencionan al género como uno de sus ejes. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) es la institución que tiene como función transversalizar dicho enfoque, se podría decir que existe una relativa inclusión formal de esta perspectiva en ciertas leyes y normativas. Sin embargo, su aplicación y evaluación requieren de especial atención, ya que la reproducción del pensamiento heterosexual y sus consecuentes efectos en las relaciones de género representan un profundo problema cuyas raíces se articulan con aspectos culturales, médicos y religiosos, repercutiendo en la ejecución y alcance de la justicia por la subsecuente desconfianza que tiene esta población respecto a su gobierno y la sociedad en la que se inserta. En otras palabras, existe una brecha entre la igualdad formal y la igualdad real que también afecta la noción de la interseccionalidad en la construcción de políticas públicas.

Resulta significativo que la asignación presupuestaria codificada para el CNIG en promedio disminuyó en 64.4% de $1,17 millones de dólares asignados para el período 2015-2019 y aunque aparecen matrices de rendición de cuentas en la página web del CNIG, no es posible rastrear los programas sociales que se encuentran en ejecución actualmente destinados a mejorar la vida material de las personas LGBTI.

Pregunta N° 2:

¿Ha ratificado, firmado o adherido el Estado a tratados, declaraciones, programas o políticas regionales o internacionales de derechos humanos o a cualquier otro instrumento internacional destinado a hacer frente a la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género que implique la aplicación de un enfoque de género (por ejemplo, la teoría del género, los enfoques basados en el género, la perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de género)?

Ecuador aún no ha ratificado el acuerdo de Yogyakarta que menciona específicamente los derechos de las poblaciones sexo-diversas. Si bien es cierto que este país es signatario de acuerdos que consideran los derechos de igualdad para hombres y mujeres, existen vacíos en la comprensión del enfoque de género debido a que no hay un tratamiento específico para nuestras poblaciones. Cabe resaltar que el Ecuador no ha tenido predisposición política en ningún gobierno de firmar como signatario de acuerdos referentes a población LGBTI.

En cuanto a los tratados, declaraciones y programas a los que suscribe el Ecuador, aún existe una falta de información acerca de cómo se evalúa la aplicabilidad y el cumplimiento de dichas garantías y beneficios. Es vital considerar nuevos índices de inclusión que consideren de forma interseccional no sólo categorías de sexo, raza y clase. Si no que también repare en las diversidades funcionales, condiciones de movilidad humana, diferencias etarias, etc.

Pregunta general N° 3:

¿Qué tipos de información y data reúne el Estado para identificar las formas de violencia y discriminación a las que se enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad de género?  ¿Están los datos diseñados para captar las causas y las pautas de la violencia y la discriminación contra las lesbianas, los hombres homosexuales, las mujeres bisexuales, los hombres bisexuales, las mujeres trans, los hombres trans y las personas género diversas?

El último y único estudio de caso realizado por el gobierno ecuatoriano sobre las “Condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador” fue en el año 2013. La invisibilidad de mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales se enlaza también con la falta de desglose estadístico e indicadores para esta población en el Estado. Dicha ausencia se observa en el levantamiento de datos para la “Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres (ENVIGMU)” realizada en 2019. La inclusión del indicador por orientación sexual se encontró únicamente en la sección correspondiente al ámbito laboral, las 19 secciones restantes referentes a la educación, relaciones sociales, familia, vida en pareja (relación anterior y actual), atención gineco-obstétrica, opiniones sobre roles masculino/femenino y; situación económica y relaciones familiares de mujeres de 60 años y más no la incluyen; además este indicador solo se nombró en dos de los tres formularios dirigidos a las mujeres, es decir, solo se preguntó a mujeres solteras y casadas, pero no a las separadas. Esto se traduce en sólo 19 casos rastreables de discriminación de no contratación o despido por orientación sexual de una muestra de 20,848 viviendas.

En marzo de 2018, se emitieron cartas a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Salud Pública y al Consejo de la Judicatura para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado ante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Comité Contra la Tortura sin que exista aun acceso a información segura que garantice lo dicho por el Estado. Desde las respuestas parciales emitidas en el Estado, se encontraron en ese año únicamente nueve casos en los que ha actuado la Fiscalía, de dichos casos, tres muestran datos incompletos que no dan acceso a su seguimiento, existe también una sentencia ejecutada por delitos de odio que es la única sanción llevada a cabo por el Estado bajo el tipo correspondiente de delito. Cuatro de los nueve casos están en investigación previa, uno archivado, dos sobreseimientos y uno sancionado. Es por lo que las sentencias no son suficientes para combatir este tipo de torturas y violencias en la sociedad ecuatoriana.

Dada la situación antes mencionada no existen datos precisos que describan las medidas adoptadas con respecto a la gravedad de las vulneraciones y sus sanciones, permitiendo y perpetuando la impunidad; como por ejemplo en el caso de esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género (ECOSIG), mal llamadas prácticas de ‘deshomosexualización’ en centros de tratamientos de adicciones. La importancia de contar con información sobre cómo procede el Estado y los servicios públicos que presta; los cuales deben ser regulados y controlados en función de la vulneración de derechos, el desafío que presenta investigar, sancionar y reparar las situaciones de vulneración que además están no solo en su sistema en general sino también en el sistema de salud y en el de justicia. 

Pregunta N° 4:

¿Se imparte una educación sexual integral en las escuelas?

No. Es importante replantear los modelos familiares que se imparten en los programas educativos, reproducir la idea de la familia tradicional es un imperativo que niega la existencia de las familias en toda su diversidad. Promulgar un marco de comprensión que excluye a los grupos familiares que no se ajustan al patrón establecido socialmente, es un problema que no afecta únicamente a las personas LGBTI sino a toda la sociedad. Particularmente señalamos el caso de la “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes – ENIPLA (2014) cuyo campo de acción era intersectorial pero la mirada seguía siendo heteronormativa y por lo tanto cis-género, la cual sólo contemplaba temas como el género, la prevención del embarazo adolescente, la desmitificación de la sexualidad como tema tabú, entre otros no menos importantes. Sin embargo, después de la elaboración de 5 manuales pedagógicos sobre sexualidad sexo-genérica hubo que sacarlos del ENIPLA, ya que hubo una fuerte oposición a que se iniciara ese proceso pedagógico orientándose únicamente por el enfoque cis-heteronormativo, el cual no han subsanado.

Comprendemos que las fuerzas políticas de los grupos anti-género dentro del Ministerio de Educación forman una barrera para ejecutar pedagogías adecuadas que permitan informar a la población en general y ejercer su derecho a una sexualidad integral propiamente. 

Por otro lado, la capacitación y acompañamiento sobre los manuales ENIPLA para docentes, estudiantes y personal administrativo, se han implementado y evaluado en ninguno de los distritos zonales. Siendo un problema que atañe a los gobiernos cuando necesitan capacitar a sus funcionarios, operadores y personal en general dentro de los servicios públicos[1]. En el año 2015, el entonces presidente Rafael Correa rectificó el ENIPLA por el “Plan Familia Ecuador”, el cual desde entonces recuperó el enfoque tradicional y conservador de la familia [2].

Pregunta N° 5:

¿Existen ejemplos en los que el concepto de género, los valores tradicionales o la protección de la familia se hayan utilizado en narrativas religiosas o tradicionales para obstaculizar la adopción de medidas legislativas o de política pública destinadas a abordar o erradicar la violencia y la discriminación basadas en el sexo, el género, la orientación sexual y la identidad de género?

En definitiva, existen una serie de ejemplos en los que podemos rastrear una serie de discursos que descalifican, mitifican y tergiversan lo que refiere a la transversalización del género en las políticas públicas. Sin duda el tema del aborto levantó polémicas dentro de la Asamblea Nacional durante los últimos años, entre asambleístas “pro-vida” y “pro-aborto”. No obstante, durante 2019 la aprobación del matrimonio igualitario ocasionó una marcha multitudinaria en que se congregarían los grupos “pro-familia”, la misma que descalificaba la aprobación otorgada por la Corte Constitucional con consignas como “la familia no se toca”; “sí a la familia, no a la ideología”[3].

Otro caso significativo se dio frente al veto presidencial de Lenín Moreno al Código Orgánico de Salud (COS) que fue aprobado por la Asamblea Nacional durante 2020, el Frente Nacional por la Familia, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Federación Médica Ecuatoriana y otros grupos se pronunciaron principalmente en contra del tema de la interrupción del embarazo, los vientres subrogantes y los artículos que sancionaban las malas praxis en el campo médico.

En 2017 se llevaron a cabo una serie de debates en torno al entonces proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, así aparece en escena la campaña transnacional #ConMisHijosNoTeMetas que se pronuncia en contra de la “ideología de género”, obstaculizando la integración plena del enfoque de género en la actual ley. 

Pregunta N° 6:

¿Existen ejemplos en los que se haya utilizado un concepto de género en relatos o valores religiosos, tradicionales o indígenas de manera que promueva la aceptación de personas con orientaciones sexuales o identidad de género diversas, o que proteja a las personas LGBT de la violencia y la discriminación, además de abarcar una gama más amplia de personas?

Si bien es cierto que la interseccionalidad considera los saberes ancestrales de los pueblos en el Abya Yala, señalamos que las ancestralidades construidas por las negritudes no son consideradas en el prisma de dichos saberes en los cuales también se instalan las diversidades sexo-genéricas, por lo tanto, existen algunos sesgos en torno a la multiplicidad de etnias. Sin embargo, es de nuestro conocimiento que existen diversas comunidades religiosas que han expresado su voluntad de ejercer una pastoral, prácticas y discursos teológicos con sensibilidad de género que incluyen a la población LGBT. Algunos ejemplos son: la Red Ecuatoriana de Fe (conglomerado de miembros de distintas iglesias cristianas en favor de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales y de la población LGBTIQ+) e iglesias protestantes históricas (Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador, Iglesia Unida de Ecuador, Iglesia Episcopal y la Iglesia Anglicana).

Pregunta N° 7:

¿Existen ejemplos en los que se hayan utilizado narrativas o «ideología de género», «generismo» u otros conceptos relacionados con el género para introducir medidas regresivas, en particular, pero no exclusivamente, para las personas o comunidades LGBT?

Una de las polémicas abordadas al interior de nuestro grupo de discusión se centró en la existencia de narrativas que excluyen a personas trans de los espacios de toma de decisión, los cuales son un ejemplo de las prácticas antiderechos que se han mantenido a lo largo de la historia de la humanidad.

Retomando lo sucedido con el veto al COS, la niñez intersexual fue uno de los temas en materia de derechos que también se vio afectado. Sumamos otro ejemplo con lo sucedido en la propuesta de la Reforma a la Ley de Registro Civil denominado “Mi Género en mi Cédula”, cuando el entonces presidente Rafael Correa manifestó que dicha reforma obedecía a la agenda oculta del “matrimonio igualitario” ya que en el mismo año (2013) se dio inicio a dicha campaña. Finalmente, en junio de 2018, la campaña #ConMisHijosNoTeMetas reaccionó a la publicación del Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, publicado en mayo de 2018.[4]

Pregunta N° 8:

¿Existen iniciativas adoptadas por los Estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencias o conciencia (incluida la figura de la objeción de conciencia) que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos (incluidos los derechos sexuales y reproductivos) de las personas LGBT?

En cuanto al tema de objeción de consciencia, nos percatamos que reproduce violencias sobre los cuerpos con diversidades sexo-genéricas, ya que incitan a penalizar a las mujeres cuando deciden sobre sus cuerpos. Además, la toma de decisión en cuanto a la reasignación de sexo para recién nacidos intersexuales continúa siendo parte de la problemática social.[5]

Por otro lado, la objeción de conciencia en los Centros de Salud inclusivos es una práctica que vulnera a la población LGBTI cuando se niegan a brindar atención. Lo habitual es llamar a la persona capacitada para atender a las personas LGBTI, el hecho que el personal no está totalmente capacitado es llamativo porque evidencia algunas de las dificultades iniciales para acceder a la salud.  

Pregunta N° 9:

¿Ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes políticos y/o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género?

A finales del 2020 la Defensoría del Pueblo alentó al Tribunal Contencioso Electoral a investigar y sancionar a un candidato a la Asamblea por homofobia, discriminación y violencia política en sus redes sociales.[6] Actualmente, Ecuador atraviesa un proceso de elección presidencial. Este suceso nos permite situar algunas de las últimas expresiones negativas realizadas por el candidato a la Vicepresidencia por el partido CREO, Alfredo Borrero, quien atribuye a un problema genético el hecho de ser una persona LGBTI.

Por otra parte, se evidencia que la Mesa Representativa LGBTI conectada con la Secretaria de Inclusión del Municipio en Quito, hace proselitismo político y participa de la organización de premios y reconocimientos que se entregan entre ellos mismos, lo que ha generado que dicha Secretaría cree otro grupo y otras dinámicas. Por ello, entendemos que existen organizaciones que captan y monopolizan las conexiones en puestos estratégicos y espacios de toma de decisión sobre las demás organizaciones. Identificamos que parte de la problemática se debe a la hegemonía que ostentan ciertas organizaciones que alcanzan a poder político.

A este respecto traemos a colación el mencionado veto al COS por parte del presidente so pretexto de implantar la «ideología de género» y el cambio de sexo de menores. Las consecuencias del veto a esta herramienta dejaron sin la posibilidad de que las leyes, sobre todo alrededor de la salud, se apliquen de manera correcta, permitiendo la existencia de ‘clínicas de deshomosexualización’ y esfuerzos de corrección de la orientación sexual e identidad de género, sin un marco jurídico claro que aplique la norma del COIP ART.151 que las considera como tortura. Además, a las personas con indeterminación sexual, se las mutila sin su consentimiento y las mujeres con abortos en cursos son muchas veces criminalizadas en las salas de emergencias, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Pregunta N° 10:

¿Quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada «ideología de género»?  ¿Cuáles son sus principales argumentos?  ¿Han sido eficaces en la regresión de los derechos humanos de las personas LGBT?  ¿Han tenido sus estrategias un impacto directo o indirecto en los derechos humanos de las mujeres y las niñas?

El movimiento anti-género en el Ecuador es una coalición de partidos principalmente de derecha (PSC, CREO, SUMA) y actores religiosos de la iglesia católica (Conferencia Episcopal Ecuatoriana) y algunas iglesias evangélicas (Confraternidad Evangélica Ecuatoriana). Son principalmente preocupantes los siguientes movimientos y actores: Movimiento Libres (cuya vocera es Mamela Fiallo Flor, aliada de Agustín Laje y aliados a partidos de extrema derecha y neonazis como el movimiento «Orden del Cóndor», VOX y el gobierno de Jair Bolsonaro), el movimiento «El Otro Ecuador»; el cual promueve la homofobia y la xenofobia; dirigido por Francisco Nuñez del Arco, un militante de extrema derecha. Son preocupantes también colectivos como el «Frente Nacional por la Familia» y la campaña «#ConMisHijosNoTeMetas». 

Pregunta N° 11:

¿Puede dar ejemplos de coaliciones que trabajen juntas para resistir los ataques a la ideología de género?  Por ejemplo, comparta ejemplos de grupos feministas y LGBT y otros grupos que trabajen juntos y con qué tipo de marcos, argumentos y resultados.

Coalición de Mujeres Trans “Casa de las Muñecas” y la Fundación Mujer & Mujer, cuya colaboración nos permitió obtener un fondo para emprendimiento que nos permite generar oportunidades laborales para mujeres trans que estamos luchando por mejorar nuestras condiciones de vida, lo cual siempre reconoceremos como una iniciativa excelente para todas las poblaciones que nos vimos beneficiadas a través de iniciativas como éstas.

Remarcamos la existencia de un grupo de mujeres jóvenes autoconvocadas y autodenominadas “Aquelarre”, cuya perspectiva defiende una política de mujeres trans incluyentes (No TERF) y maricas no cis que actúan en forma conjunta en las calles. Así mismo en Quito existe otro grupo llamado la TRANS ASAMBLEA que se autoconvocan cuando es necesario que actúa de forma esporádica pero que mantiene un sentido de colectivo para activar sobre temas trans. Las Aquelarre por ejemplo no funcionan de una manera establecida como otras organizaciones, así como la TRANS ASAMBLEA lo cual es muy interesante porque están surgiendo otras formas de organizarse que son autónomas y trabajan desde posturas anticapitalistas, antirracistas, antifascistas, tienen muchos “antis”.

Así mismo, destacamos la nueva organización regional LESLAC que trabaja en cuestiones de defensa y garantía de derechos humanos en América Latina y el Caribe[7]

Pregunta N° 12:

¿Qué políticas, programas y/o prácticas ha adoptado el Estado para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género) y 10 (reducción de las desigualdades)?  ¿Se basan en enfoques de género que incluyan las diversas orientaciones sexuales e identidades de género y/o que tengan como objetivo abordar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género?  Sírvase señalar ejemplos pertinentes.

Ecuador cuenta con tres organismos encargados en temas de derechos humanos de las mujeres y las niñas: el Consejo Nacional de Igualdad de Género, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y la Secretaria Nacional de Derechos Humanos. Las dos primeras se encargan, principalmente, de generar políticas públicas y agendas de acción para periodos de cuatro años; lamentablemente, estos consejos no tienen capacidad de ejecución nacional debido a su limitada asignación presupuestaria y su ubicación exclusiva en la capital del país. En definitiva, no cuentan con presupuesto para generar servicios, atenciones o investigaciones a profundidad.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos, entidad recientemente conformada tras la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es la entidad actualmente encargada de los programas y proyectos de prevención y erradicación de violencia de género y fortalecimiento de los servicios de atención de víctimas, en el que se afirma contar con 6.268.123,48 de dólares, presupuesto que muestra un 27% de reducción. Sin embargo, tras peticiones de información realizadas por las organizaciones que reportan este informe, respecto de programas a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y personas LGBTI, estos no incluyen de manera explícita a estas poblaciones, por lo que se asume que dichas actuaciones estatales no las contemplan.

 Sobre impulsar la igualdad y no discriminación de mujeres y población  LGBTI, en coherencia con los mecanismos para impulsar la igualdad y no discriminación, se le solicitó información a la Secretaria de Derechos Humanos, la cual responde haber realizado la Cruzada Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sin ningún detalle o resultado específico que con dicha cruzada se haya logrado, mucho menos si esto ha servido para reducir las brechas de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género.

En cuanto al objetivo número 10 de los ODS, se realizó una solicitud a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador a través de oficio No SAN2019-2724 con fecha 08 de mayo del 2019, con un cuadro en donde se indican las distintas leyes y proyectos de ley relacionados con temas de derechos de las mujeres y grupos LGBTI. La Asamblea indica un total de 13 proyectos de ley; sin embargo, solo 7 de ellos entran en el periodo de revisión de la Agenda 2030[8].

Adicionalmente, solo tres proyectos han sido publicados, mientras que los demás se encuentran en trámite, no proceden o están archivados, como es el caso del proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, y el proyecto de ley orgánica para la participación equitativa de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo en el sector público y privado.

En el mencionado oficio se recalca que el COIP (Código Integral Penal) posee dos artículos relacionados con la temática solicitada sin que se indique los casos que dichas tipificaciones han alcanzado, son los artículos: 176, que indica, respecto a la discriminación, que la persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 Así mismo cita el artículo 177, respecto a actos de odio, que indica que “la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”


Agradecimiento:

Fundación Mujer & Mujer agradece a las activistas y organizaciones LGBTIQ+ que participaron de la construcción de este reporte. A Jorge Medranda de Diálogo Diverso, Josué Berrú de la Red Ecuatoriana de Fe, Kelly Perneth de la Fundación Causana, Carlos Sandoval del Colectivo JAKIRI LGTBIQ+ Cotopaxi, Emilio Villafuerte de Valientes de Corazón, Marcos Hernández, Ricardo Buri Villacrés del Grupo de Apoyo Positivo para Personas y Familiares de Personas VIH Positivas de Ecuador, Christian Landeta Centeno de la Fundación Alianza Igualitaria, Julio Enrique Neira del Colectivo Feminista Tejido Diverso, Priscila Andrade de la Organización ASIRIS Ibarra, Runa Sanabria de Les Pornógrafxs, Alexandra Tigre Pinzón de la Fundación PASDI – Pasaje Diverso, Ericka Zavala, Odalys Cayambe de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, la Fundación Vivir Libre, Pedro Gutiérrez Guevara y a læs colaboradoræs de nuestra organización: Karen Garita, Mariuxi Orellana, Gustavo León, Katherine Lovato, Daría Castro.


Aquí puedes descargar el Reporte completo:

Reporte-LGBTIQ-Ecuador-2021-para-el-Experto-Independiente


Notas:

[1] Sobre esta problemática referimos la investigación “(In)vsibilidad y salud: Contextos y desafíos de las mujeres lesbianas y bisexuales en Ecuador” realizada por Fundación Mujer&Mujer con apoyo de la UNFPA en 2019, la cual evidencia que la falta de seguimiento en capacitaciones y formas para recabar datos en el sistema RDACCA (Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias) -una herramienta de registro que considera la orientación sexual y la identidad de género- es un problema que tiene vacíos en el registro de consultas, en los datos epidemiológicos de la población, entre otros, cuya aplicación es insuficiente por falta de sensibilidad, conocimientos y conductas por parte del personal que no son sancionadas, etc. Aunque se cuente con el Manual de Atención Integral de Salud (MAIS), las disposiciones y normativas correspondientes.

[2] Al respecto, el diario El Comercio publicó la siguiente noticia https://www.elcomercio.com/actualidad/enipla-educacionsexual-rafaelcorrea-embarazoadolescente-monicahernandez.html

[3] https://www.elcomercio.com/actualidad/marcha-derecho-matrimonio-igualitario-quito.html

[4] https://www.elcomercio.com/actualidad/educacion-desmiente-ideologia-genero-textos.html

[5]Sobre este tema referimos el caso de Ashley contra el estado ecuatoriano: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf

[6] https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/12/22/la-defensoria-pide-investigar-a-candidato-homofobo-y-sexista-en-ecuador/

[7] https://leslac.org/

[8] Para obtener más información, recomendamos la lectura del “Informe de Sociedad civil: Situación de lesbianas, bisexuales y personas trans en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible – Ecuador 2020” elaborado por RFSL, Fundación Mujer & Mujer y Taller Comunicación Mujer.

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